Apertura de acceso a la calle desde un local

El propietario de un local, solicitó a la comunidad de propietarios autorización para abrir un acceso a la calle y realizar mejoras en el local para adecuarlo a su nueva actividad de almacén.

Su solicitud fue rechazada en junta extraordinaria de propietarios debido a que la fachada donde se quería abrir el acceso era comunitaria y se requería unanimidad para dicha modificación.

Entiende el tribunal que la comunidad pasa por alto:

– que el título constitutivo prevé la posibilidad de redistribuir y modificar el uso de todas las fincas del edificio y su destino a actividades comerciales, autorizando su división, agrupación, segregación e intercomunicación, formando locales de libre configuración;

– que unas plazas de garaje han dado lugar a la constitución de un local comercial, autónomo y con aprovechamiento independiente;

– que la construcción pretendida (portal de acceso a la calle) es necesaria para que el local pueda ser destinado comercialmente a almacén y permite dotarlo del acceso adecuado respecto al insuficiente que se tenía que realizar por el interior del garaje; y

– que las condiciones de dicho portal son similares a otro ya existente, y que no afecta negativamente a la seguridad, estabilidad y estética del edificio, ni comporta un perjuicio grave para la comunidad o los terceros.

Por lo tanto, se accede a la pretensión del propietario.

Nuestros profesionales pueden prestarle adecuado asesoramiento para el buen funcionamiento de su comunidad y la adopción de acuerdos conforme a las exigencias normativas

Recuerde los plazos de aplazamiento que suele conceder Hacienda.

La cuantía máxima de las deudas que Hacienda permite aplazar de forma automática y sin aportación de garantías es, en la actualidad, de 50.000 euros. Y respecto a los plazos máximos de fraccionamiento de las deudas que no superan esa cantidad, los criterios de concesión según las instrucciones internas existentes en la Administración Tributaria son los siguientes:

• Hasta 24 meses para personas físicas.
• Y hasta 12 meses para personas jurídicas.

No obstante, puede suceder que un contribuyente no pueda hacer frente al calendario de pagos de Hacienda, de modo que, aunque éste sea el máximo permitido por las instrucciones internas, los pagos le resulten inasumibles. En ese caso, algunos tribunales consideran que el afectado tiene derecho a solicitar un calendario de pagos al que pueda hacer frente. Y Hacienda, por su parte, debe concederle unos plazos de fraccionamiento acordes con su capacidad de pago y sus circunstancias personales.

 Si tiene dificultades de tesorería y necesita aplazar el pago de algún impuesto, nuestros profesionales le ayudarán a realizar los trámites oportunos.

En octubre su empresa puede optar por la Cuenta Corriente Tributaria para 2025.

Durante este mes de octubre su empresa puede solicitar que en 2025 le sea de aplicación el sistema de Cuenta Corriente Tributaria (CCT). Dicho sistema le permitirá compensar entre sí los resultados a ingresar o a devolver de sus declaraciones de Impuesto sobre Sociedades, IVA, retenciones y pagos a cuenta que sean imputables a cada trimestre, de forma que podrá efectuar una sola liquidación trimestral por la diferencia.

Este sistema puede ser especialmente interesante para aquellas empresas que presenten autoliquidaciones a ingresar y a devolver, además de declaraciones mensuales (por ejemplo, si facturan más de 6.010.121,04 euros al año o están acogidas al REDEME). Gracias a la CCT, dichas empresas pueden liquidar los saldos de sus declaraciones al final de cada trimestre (en lugar de hacerlo mensualmente), retrasando así el pago y obteniendo ahorros financieros.

Para optar por este sistema, su empresa debe estar al corriente de sus obligaciones tributarias. Y, además:

• En 2023 –se toma como referencia el año anterior al de la solicitud– la cuantía de las declaraciones a devolver cobradas o reconocidas debe haber sido, al menos, del 40% de las declaraciones a pagar presentadas.
• No debe haber renunciado ni haber sido excluida por Hacienda del sistema de CCT durante el año en el que presente la solicitud ni en el año anterior.

Si cree que el sistema de CCT puede interesarle, consúltenos. Nuestros profesionales analizarán la conveniencia o no de acogerse a dicho régimen en su caso.

Antes de repartir el activo, deben liquidarse las deudas y consignar en una entidad de crédito las que no sean exigibles.

A la hora de liquidar una sociedad porque ha finalizado su actividad o ha concluido el propósito que constituía su objeto social, es preciso elaborar un balance de liquidación.  Éste reflejará el activo y el pasivo para poder proceder al pago de todas las deudas pendientes y, tras ello, repartir el remanente entre los socios según su participación. Es lo que se conoce como cuota de liquidación.

Puede ocurrir que alguna de dichas deudas todavía no haya vencido y no pueda pagarse anticipadamente (por ejemplo, un impuesto que se pague en una fecha concreta y no pueda avanzarse). Pues bien, en tal caso:

• El liquidador de la sociedad deberá reflejar la deuda en el balance y calcular la cuota de liquidación dejando al margen dicha cantidad.
• Asimismo, está obligado a consignar su importe en una entidad de crédito del municipio donde radique el domicilio social; de lo contrario, la liquidación y extinción de la sociedad no podrá inscribirse.

Cosa distinta es que la deuda no se pueda pagar. En este caso, si sólo hay una deuda, ésta deberá reflejarse en el balance. Además, en la escritura de liquidación deberán indicarse los datos del acreedor y que la sociedad no dispone de activos. Si hubiera más de una deuda que no se pudiera pagar, habría que presentar un concurso de acreedores.  Finalmente, si el problema fuera que el acreedor está desaparecido, sería preciso consignar la deuda prudencialmente hasta que prescribiese.

 Nuestros asesores estudiarán su caso, elaborarán un balance inicial de liquidación y le guiarán en todo el proceso hasta lograr la completa extinción de su sociedad y su inscripción en el Registro con las máximas garantías.

Cualquier desvío de activos de sociedades, hacia entidades no compartidas por los socios, constituye delito de apropiación indebida

Los hechos se desarrollan en torno a un grupo de sociedades inmobiliarias, algunas de las cuales eran compartidas por todos los socios, mientras que otras solo lo eran por un grupo reducido de ellos.

Los administradores desviaron activos de las sociedades compartidas por todos los socios hacia las otras no compartidas, causando de esta forma un perjuicio económico a los socios de las compartidas.

Durante varios años de ejercicio económico, se produjeron cobros en efectivo no contabilizados, así como transferencias de activos a precios inferiores al de mercado, lo que llevó a los socios a acusar de apropiación indebida y administración desleal a los administradores implicados.

La Audiencia Provincial condenó a los administradores por estos delitos, considerando que sus acciones habían despatrimonializado las sociedades compartidas en beneficio de las no compartidas. La falta de contabilización de dinero y la manipulación de las cuentas reflejaban una clara intención de ocultar la actividad delictiva y de perjudicar a los socios de las sociedades compartidas, los cuales sufrieron un perjuicio económico debido a la desviación de activos y la falta de transparencia en la gestión.

En actuaciones derivadas de hechos que pudieran constituir un ilícito penal nuestros abogados se ponen a su disposición para la defensa de sus derechos